De acuerdo con las aportaciones recibidas, se han incorporado en el texto orientaciones clave, tales como la redistribución más justa en el esfuerzo para la salida de la crisis y la recuperación, la no afectación al sistema de bienestar por los ajustes en la inversión social, la inclusión de un capítulo social y las metas de pobreza de la Estrategia Europa 2020, y la necesidad de dotación de presupuesto y de indicadores específicos de seguimiento y evaluación a los planes sociales aprobados en 2014 y en 2015.

 

Así, el documento recoge la propuesta de puesta en marcha de un Plan de Choque contra la Pobreza que incluya, entre otras, medidas concretas para la garantía de ingresos como la implantación del Programa Extraordinario de Activación para el Empleo; el aumento del número de perceptores de rentas mínimas autonómicas y del presupuesto respecto a 2014; o el aumento del 20% en determinadas pensiones no contributivas y/o asistenciales.

 

Respecto a las medidas relacionadas con la fiscalidad, el PNR 2015 incorpora medidas para conseguir un sistema tributario más equitativo, con una mayor rebaja de tipos para las rentas medias y bajas, permitiendo a más de 20 millones de contribuyentes contar con más renta disponible, y recoge asimismo acciones para proteger a los colectivos más desfavorecidos, como el aumento de los mínimos personales y familiares o la creación de tres impuestos negativos para familias numerosas, monoparentales o con ascendientes o descendientes con discapacidad.

 

En cuanto al fomento del empleo, se incorporan en el PNR 2015 medidas para reforzar la eficacia de las políticas activas de empleo y los servicios públicos de empleo, considerando colectivos prioritarios a aquellos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo y con menos recursos económicos, y apoya a los trabajadores autónomos, rebajando las retenciones a aquellos con bajos rendimientos.

 

En el ámbito de la garantía del derecho a una vivienda, que supone uno de los objetivos principales del Plan de Choque contra la Pobreza sugerido por la Plataforma, se recogen las propuestas de  activación del Fondo de vivienda social; la estrategia estatal para la prevención y erradicación del sinhogarismo o la Ley de Segunda Oportunidad individual para casos de personas y familias que han perdido su vivienda y, además, sostienen una deuda que no puedan pagar.

 

Por último, el documento incorpora también la necesidad de un acompañamiento social activo con medidas como el impulso presupuestario significativo del Plan Concertado por la atención a la dependencia y el refuerzo del trabajo desarrollado por las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

 

La Plataforma del Tercer Sector valora así el reconocimiento del sector y de las propuestas presentadas, junto a las de organizaciones sindicales, patronales y Comunidades Autónomas, si bien considera imprescindible recordar que es necesario seguir profundizando en estas propuestas y hacer un seguimiento de las respuestas que se den desde el Gobierno. Las medidas de inclusión social que propone el Tercer Sector necesitan de una verdadera voluntad política y una dotación suficiente en los presupuestos del Estado que permita su traslación a acciones concretas y la generación de un impacto positivo en la sociedad que concluya con la reducción de la pobreza y el apoyo a las personas en riesgo de exclusión.

 

 

La Plataforma del Tercer Sector en España se constituyó el 10 de enero de 2012 como una entidad sin ánimo de lucro que pretende defender el valor de lo social desde una voz unitaria, a la vez que intenta promover soluciones en favor de los colectivos más desfavorecidos, proteger los derechos sociales e impulsar la igualdad entre las personas.

 

Fue fundada por siete de las organizaciones más representativas en el ámbito de lo social: Plataforma del Voluntariado de España (PVE), Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Cruz Roja Española, Cáritas y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).